Una Consulta Popular para el proyecto de
matrimonio entre personas del mismo sexo

por Guillermo Cartasso

Cierto sectores, frente al frenético tratamiento del matrimonio entre personas del mismo sexo [en la Republica Argentina], y a la inminente votación en el Senado, han declarado que "los derechos no se plebiscitan sino que se otorgan".

En primer lugar cabe preguntarse las motivaciones que llevan a tan rápida consideración de la reforma del Código Civil en una cuestión de fondo tan fundamental como es el matrimonio. Países muy desarrollados en su cultura democrática han demorado años, en homenaje a la consideración pública, antes de legislar sobre un tema tan sensible. No facilmente se asume un cambio tan grande y no es aconsejable imponerlo por medio de estrategias de presión, aunque éstas vengan del mismo Poder Ejecutivo.

En segundo lugar a muchos les cabe la duda, frente a la afirmación inicial, de que el acceso al matrimonio por parte de personas del mismo sexo, sea un "derecho". Precisamente eso es lo que está en cuestión. Y tan cuestionado está que la mayoría de los Estados no lo han admitido ni aún bajo este tiempo de beneficioso imperio de los derechos humanos en términos de legislación internacional.

En lo personal estoy seguro de que el matrimonio en cuanto tal es una institución creada para la unión estable entre un varón y una mujer. Los tiempos confusos y posmodernos que corren desvirtúan muchos institutos del Derecho desvinculándolos de su naturaleza y causan, de esta manera, un hecho social que es contrario al bien común. La igualdad consagrada sabiamente por la Constitución Nacional no es el igualitarismo que muchos proponen: cuando un hombre debe esperar hasta los 65 años para jubilarse no se siente discriminado frente a la mujer que ya a los 60 puede acceder a este beneficio social. Cuando la ley no permite contraer matrimonio entre personas de parentezco cercano tampoco se viola la igualdad ni hay discriminación. Es que para acceder a ciertos derechos hay, como corresponden, ciertos requisitos que hacen a una sociedad sana.

Mucho más grave es un proyecto de esta naturaleza cuando contempla la adopción por parte de pretendidos matrimonios de dos personas del mismo sexo. No hay estudios serios sobre las consecuencias psicológicas que tiene para un niño una adopción por este tipo de parejas. Además en ningún caso los niños serían propiamente matrimoniales por la simple razón de que dos personas del mismo sexo no pueden engendrar. O sea que ello llevaría al alquiler de vientres o a la compra de gametos masculinos. Y aquí surge el gran problema de la identidad biológica del niño por la cual tanto se ha luchado en los últimos años en nuestra tierra fruto de los tiempos terribles del terrorismo de los 70. ¿Quién podría privar a un adulto del futuro, niño hoy, de conocer su identidad biológica? Es paradójico: mientras se investiga con justicia la identidad biológica de hijos y nietos de desaparecidos, se proyecta una ley que para el futuro impone la carga de un proceso judicial a los adoptados de hoy para que sepan cuáles son sus padres biológicos. Todo el Derecho de Familia de la legislación argentina, como es lógico, está basado en los principios rectores biológicos que son una certeza indubitable.

Una última cuestión que me parece no es de menor valor. Frente a proyectos que tocan la conciencia personal hasta el punto que todos los bloques con representación parlamentaria otorgan a sus legisladores "libertad de conciencia", no se puede desconocer que el proyecto debiera reconocer explícitamente a funcionarios y Magistrados la posibilidad de ser "objetores de conciencia" de tal manera de no violentar su intimidad ni su libertad. Si para votar una ley de esta naturaleza los mismos diputados y senadores tienen "libertad de conciencia" ¿cómo negárselas a quienes luego deben cumplir esa ley? Si cualquier ciudadano puede ser objetor de conciencia ¿como discriminar a jueces y funcionarios negándoles este derecho?

Finalmente llama la atención que se haya priorizado en la agenda parlamentaria un tema que no está en la agenda de los argentinos. Seguridad, inflación, pobreza, desocupación y muchos otros temas dejan relegado al matrimonio homosexual a uno de los últimos lugares del interés de los argentinos. ¿Persisten los políticos en alejarse de los intereses populares abriendo aún más, peligrosamente, la brecha entre la "clase política" y el pueblo? Es algo para pensar y se intuye sin demasiadas luces que este proyecto en danza es fruto de una imposición ideológica más que del reclamo popular. Proteger a las minorías es un deber del Estado siempre que esa protección no altere los derechos de la mayoría ni le afecte una de sus instituciones fundamentales.

Más allá de las diversas opiniones, todas respetables desde la subjetividad, y de la objetividad con que creo haber planteado la mía, una consulta popular no manipulada por ningún aparato de sensibilización, parece el camino más democrático para zanjar estas cuestiones. Escuchar al pueblo, en una democracia republicana, siempre es saludable.

Guillermo Cartasso
gcfiat@yahoo.com.ar


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actualización: 13 de junio de 2010